El juez de distrito de Durango pidió al presidente [Manuel González] el auxilio de la fuerza federal para dar cumplimiento a una ejecutoria de la Suprema Corte que amparó a Eduardo y Saturnino L. Ávila, contra una sentencia del Tribunal de Justicia del estado de Durango. El Ejecutivo federal no quiere herir el decoro de un gobierno amigo y ordenó dirigirle esta carta, a fin de que se cumpla la ejecutoria de la Suprema Corte sin intervención de la fuerza pública. Espera el aviso de que nada tendrá que hacer el juez de Distrito en favor de los Ávila.