Desea que termine felizmente la diferencia surgida entre el juez de distrito del estado de Yucatán y el del ramo penal de la ciudad de Mérida. Sobre su petición para que estudie detenidamente esta cuestión tan delicada, en caso de que el juez federal pida el auxilio de la fuerza para hacer cumplir la orden de prisión dictada contra el juez del ramo penal, manifiesta que envió los antecedentes del caso a la Suprema Corte para que con audiencia del procurador general de la nación decrete lo justo. De este modo el Ejecutivo de la Unión prueba al estado de Yucatán que sólo desea el acierto en la resolución de este asunto.