Responde a su carta del 13 de octubre así como a la de Maximino Barragán, comandante de celadores del puerto de Matamoros, en la que informa los males que sufre el tesoro federal porque el Juzgado de distrito del estado de Sinaloa está a cargo de un juez lego y comerciante que, asesorado por abogados inmorales, emite dictámenes contrarios al tesoro público y favorables a los comerciantes, aún contra la ley expresa. Para evitar tales perjuicios contra el erario, decidió pedir a la Suprema Corte una terna a fin de que el presidente [Manuel González] nombre al juez interino de ese distrito, si la licencia del propietario pasa de tres meses. Prevendrá al promotor fiscal del Juzgado, para que apele de las sentencias pronunciadas contra el erario por el juez lego.