731 / Ms. 1249 / 1876-01-17 [Ver ficha completa][Ver documento]
De: MONTES LEDESMA, Ezequiel  Para: CASTILLO, Leandro
En calidad de magistrado de la Suprema Corte, no puede resolver la consulta hecha por Castillo, pues las leyes prohíben a los magistrados ser apoderados, abogados, árbitros y arbitradores.

1469 / Ms. 1251 / 1878-03-01 [Ver ficha completa][Ver documento]
De: MONTES LEDESMA, Ezequiel  Para: AGUILAR, Rafael
Las leyes prohíben que los magistrados sean apoderados, abogados, asesores o árbitros. Por consiguiente, no puede representarlo en el contrato de compra venta de la casa de los herederos de Ignacia Soto. Sin embargo, por amistad, averiguó con Ignacio Trejo, uno de los coherederos, el precio de dicha casa: 300 pesos. Es necesario que los coherederos otorguen poder a Ignacio o a Antonio Trejo para celebrar el contrato.

1976 / Ms. 1252 / 1879-05-02 [Ver ficha completa][Ver documento]
De: MONTES LEDESMA, Ezequiel  Para: OCAMPO, Agustín
No puede arreglar en forma extrajudicial las diferencias que tiene con sus hermanos sobre la herencia materna. La razón es que las leyes prohíben a los magistrados de la Suprema Corte ejercer la abogacía, así como ser árbitros o arbitradores. Sin esta prohibición aceptaría gustoso el papel de mediador.

3299 / Ms. 1255 / 1881-06-13 [Ver ficha completa][Ver documento]
De: MONTES LEDESMA, Ezequiel  Para: ZAMACONA, Manuel María de
Relata la verdad sobre la crisis que Zamacona sufrió, causada con toda intención por "el rencor y la venganza". El jefe de Zamacona [Ignacio Mariscal] arregló "sotto voce" la sucesión del primero en la Legación mexicana en Washington; el presidente [Manuel González] comunicó a Montes dicho arreglo y éste lo reprobó con energía contrastando la conducta del secretario de Relaciones Exteriores [Mariscal] cuando fue ministro en Washington y la de Zamacona, además de hacer otras consideraciones. El presidente nada contestó a estas observaciones, pero tampoco volvió sobre sus pasos. Después se dio la crisis consabida y aprovechó todas las oportunidades para hablar contra la renuncia de Zamacona. En alguna conversación el presidente comentó que Mariscal no sería nombrado ministro mexicano en Washington, y el 31 de mayo la crisis se volvió en favor de Zamacona. Éste y Montes deben tomar la ofensiva contra su enemigo [Mariscal], el cual le hace la guerra en el buen despacho de los negocios de Justicia e Instrucción Pública, tales como la iniciativa para que los seis jueces del ramo correccional asuman el carácter de jueces penales o la iniciativa sobre el plan de estudios. La ofensiva puede basarse en lo siguiente. En febrero de este año Mariscal propuso al presidente el nombramiento de Esteban Velázquez de León para cónsul mexicano en París; Velázquez, en tiempo de la presidencia de [Sebastián] Lerdo de Tejada, salió fugitivo de México hacia Estados Unidos, por haber dispuesto indebidamente de casi todos los fondos del Colegio de Abogados y de las fortunas de algunos particulares. Si Mariscal ignora los antecedentes de Velázquez, es un inepto, pero si los conoce, entonces es desleal. Hay algo más: durante la ausencia de Zamacona en Washington, se mandó destruir de los archivos de la legación cierta nota del ministro Ruelas; no cree que el presidente ordenara la destrucción y está cierto que éste nada sabe al respecto. Somete a consideración de Zamacona el siguiente plan de acción: poner en conocimiento del presidente, por conducto de la Secretaría de Justicia, los hechos referidos pidiendo se proceda en justicia contra su autor. Para fundar la acusación, en cuanto a los antecedentes de Velázquez, Zamacona pedirá que la Secretaría de Justicia ordene al Colegio de Abogados informar sobre los capitales tomados indebidamente, y al Tribunal Superior mandar copias certificadas de la ejecutoria o ejecutorias que sus salas pronunciaron contra el hoy cónsul en París. La secretaría de la legación en Washington debe certificar la copia de la nota en que se mandó retirar la de Ruelas. P.S. Cuando Ignacio L. Vallarta era secretario de Relaciones Exteriores, le comentó que el gobierno puso en poder de Mariscal, entonces ministro mexicano en Washington, 4,000 pesos para pagar los honorarios del árbitro tercero en discordia de la comisión mixta de reclamaciones estadounidenses y mexicanas; llegado el momento de pagar, no pudo hacerlo porque dispuso del dinero. Además, cuando dejó de ser ministro quedó descubierto con 10,000 pesos. Vallarta pensó someterlo a juicio. Tal vez hallará en los archivos de la legación las pruebas de esta infidelidad. Suponiendo que hubiesen desaparecido, Zamacona puede pedir que la Secretaría de Justicia ordene a Vallarta informar sobre el asunto.