El México que surgió con la restauración de la República tras el triunfo definitivo del proyecto liberal, a fin de evitar la tiranía había optado por un Ejecutivo imposibilitado para ejecutar y un Legislativo que no se conformaba con legislar. México era un país dividido y escasamente comunicado donde caciques y caudillos se disputaban el control de sus respectivas regiones, mientras el poder central recurría a los poderes de emergencia ante las emergencias que lo obligaban a ejercer el poder. En este contexto, el estado de Querétaro fue escenario del enfrentamiento entre las directrices dictadas por el centro e impuestas por gobernantes leales al gobierno federal y la oposición de aquellos que clamaban por el respeto a la Constitución, la soberanía de los estados y la autonomía de las regiones.

Una vez derrotado el Imperio de Maximiliano y a un mes de haberse reinstalado el gobierno del presidente Juárez, en el primer número del Diario Oficial de fecha 17 de agosto de 1867, apareció publicada la Convocatoria para elegir presidente de la República, diputados al Congreso de la Unión y presidente y magistrados de la Suprema Corte de Justicia. Además de cumplir con el requisito legal de convocar a elecciones, el artículo 9o. de la Convocatoria proponía una lista de cinco reformas constitucionales con las que se pretendía reforzar el poder del ejecutivo, a saber:

Que el poder legislativo de la federación se deposite en dos cámaras; que el presidente de la República tenga facultad de poner veto suspensivo a las primeras resoluciones del poder legislativo; que las relaciones entre los poderes legislativo y ejecutivo, sean por escrito; que la diputación, ó fracción del Congreso que quede funcionando en sus recesos, tenga restricciones para convocar al Congreso a sesiones extraordinarias; que se determine el modo de proveer la sustitución provisional del poder ejecutivo, en caso de faltar a la vez el presidente de la República y el presidente de la Corte Suprema de Justicia.¹

La Convocatoria provocó la primera gran crisis política de la República Restaurada. Una importante corriente de opinión pública federalista y constitucional, a la que se sumaron los representantes de intereses regionales, la clase media ilustrada y los integrantes del Congreso federal, se opuso. Los grupos de poder local vieron en la Convocatoria una grave amenaza a los principios del liberalismo y, fundamentalmente, a su autonomía. Era obvio que Juárez pretendía allegarse aquellos recursos legales que le permitieran fortalecer su poder. De índole federalista y parlamentaria, la Constitución de 1857 concentraba el poder legislativo en una única cámara de diputados. De tal suerte, el poder federal no era un poder autónomo; operaba gracias a las funciones delegadas por los poderes regionales, vigilado por el Congreso nacional. Así, las dos primeras reformas fueron las que suscitaron mayor controversia; ambas fortalecían al Ejecutivo en su doble carácter, como representante de uno de los poderes de la Unión y en su calidad de poder federal frente a los poderes locales. El presidente Benito Juárez y su ministro de Gobernación, Sebastián Lerdo de Tejada, fueron entonces acusados de centralizar los poderes en el Ejecutivo y desafiar la soberanía de los estados.

La Sombra de Arteaga, periódico oficial del gobierno del estado de Querétaro, en su ejemplar del 25 de agosto se refería a la Convocatoria considerándola como “indefinible” e “incalificable”, pese a haber sido firmada por los hombres más prominentes de la lucha contra la intervención. Acto seguido, procedía a analizar cada uno de puntos de la reforma, oponiéndose a cada uno de ellos.²

Para sorpresa e indignación de los pensadores liberales, no contento con pretender la creación de dos cámaras e introducir el veto del Ejecutivo, quien había encabezado la lucha en contra del Imperio llamaba ahora a las urnas a los ministros del culto católico. El artículo 15 de la Convocatoria señalaba que podrían ser electos diputados aquellos ciudadanos que pertenecieran al estado eclesiástico. Es decir, el clero conspirador y militante que había esperado de Maximiliano la derogación de las Leyes de Reforma y que pertenecía al derrotado partido conservador, volvía a la escena política con plenos derechos ciudadanos. “En esto no estamos conformes”, afirmaban los liberales redactores de La Sombra de Arteaga, “los sacerdotes [...] no tienen voluntad propia, porque su razón ha abdicado ante la fe. Están pues inhábiles para ocupar su puesto en las sociedades progresistas y razonadas del siglo diez y nueve.”³

Así, en Querétaro los liberales en el poder reclamaron airadamente el respeto a la norma constitucional como el símbolo inequívoco de la derrota del partido conservador y de sus aliados, cuya presencia secular en el estado resultaba una pesada carga que impedía el acceso a la modernidad.

En medio de la polémica, el coronel Julio María Cervantes, a la sazón comandante militar y gobernador del estado nombrado por Juárez a raíz del sitio impuesto por las fuerzas republicanas a la ciudad, con fecha 2 de septiembre de 1867 convocaba a los votantes para que concurriesen a las urnas a fin de elegir a los supremos poderes de la nación, los del estado y ayuntamientos de las respectivas municipalidades; elecciones que estarían a cargo de unos mismos cuerpos electorales. La Sombra de Arteaga manifestaba desde luego su apoyo a la candidatura de Cervantes, no obstante, respecto a la de Juárez advertía:

[...] ella, [la Convocatoria] fue la piedra de toque que despertó las pasiones todas dormidas bajo el peso del triunfo. Desprestigiada con ella la primera y más popular de las candidaturas presidenciales, el pueblo entero de México, que hasta entonces sólo tenía fijos los ojos en un hombre, como el más digno para darle la primera magistratura de la Nación, comenzó a buscar en derredor suyo con quienes sustituirlo en su boleta.

Y lo buscó y lo busca aún entre las filas del ejército republicano para ver si encuentra bajo los laureles del combate la frente inspirada del demócrata que sepa realizar en el templo de las leyes los principios que con su espada conquistó en el campo de batalla.⁴

Pese a la alusión implícita a la figura del general Porfirio Díaz, días más tarde La Sombra de Arteaga postulaba en su ejemplar del domingo 22 de septiembre, al C. Benito Juárez como presidente de la República, a Sebastián Lerdo de Tejada como presidente de la Suprema Corte y a Julio M. Cervantes como gobernador del estado. Pero aclaraba:

Grave y delicada es la cuestión de candidato para la presidencia de la República. La oposición nos planta el nombre de un liberal sin tacha, de un héroe, más aún, de un amigo a quien queremos con toda el alma, el valiente general Porfirio Díaz. Nuestras afecciones personales se inclinan a él, pero la suprema voz de la salud pública nos lleva a otro lado. Y nos inclinamos al C. Benito Juárez [...]⁵.

Tal parece que la salud a la cual que se referían los reactores de La Sombra de Arteaga, más que la pública, era la muy personal del coronel Cervantes quien le debía el cargo nada menos que a Juárez y que para entonces enfrentaba ya el rechazo del Congreso local por no ser originario del estado, entre otras razones. Líneas abajo, el editorialista defendía con auténtica vehemencia la candidatura de quien más que nadie había demostrado “ser demócrata de corazón” y quien amaba y procuraba afanosamente el bienestar del estado a pesar de no ser queretano. Después de todo y como rezaba la máxima, añadía: “nadie es profeta en su tierra”⁶.

Pero el enfrentamiento entre el Congreso local y Julio María Cervantes apenas comenzaba. Los abusos y arbitrariedades cometidos por Cervantes en el proceso electoral de septiembre de 1867, ocasionaron un grave conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo, mismo que fue agudizándose hasta provocar que la mayoría de los diputados desconociera al gobernador y que éste, en respuesta, desconociera a la Legislatura. Tan delicada situación no tardó en tener repercusiones a escala nacional y el Congreso de la Unión concedió la razón a la Legislatura queretana. Los diputados por Querétaro, Hilarión Frías y Soto y Ezequiel Montes, desde un primer momento se pronunciaron contra la conducta anticonstitucional de Cervantes; no obstante, el presidente Juárez se inclinó del lado del gobernador.⁷

A nivel federal y de manera irremediable, las inconformidades que trajo consigo la Convocatoria se habían mezclado con la campaña electoral; sobre la silla presidencial se inclinaba, amenazadora, la sombra del general Díaz. Las elecciones federales que se llevaron a cabo entre septiembre y noviembre (primarias y secundarias) de 1867, le concedieron el triunfo a Juárez; no así a su proyecto reformista. La victoria de Benito Juárez en los comicios resultó pírrica. Amparada en el argumento de que el sistema plebiscitario era anticonstitucional y las reformas que proponía contrarias al espíritu de la Constitución del 57, la oposición cobró tal fuerza que la Carta Magna no se vio modificada y quien hasta entonces había sido identificado como su más fiel representante presenció la escisión del partido liberal. De manera paralela, la Convocatoria dio a los constitucionalistas la oportunidad de presentar a su candidato con un aire reivindicador que aumentó la estatura política de Díaz y fue el preámbulo de su ascenso al poder, diez años más tarde.

A raíz del fracaso de la Convocatoria y al no contar con el apoyo irrestricto de la totalidad de los gobernadores de los estados, Benito Juárez optó por solicitar y obtener del Congreso:

“nueve veces en nueve años, la suspensión de las garantías constitucionales, dando un total de 49 de los 112 meses que duró la República Restaurada. Además, durante todo ese periodo, con excepción de 57 días, el presidente dispuso de facultades extraordinarias [en Hacienda y Guerra] que el Congreso le otorgó en ocho ocasiones distintas”.⁸

A partir de entonces se inició un proceso que se caracterizó por el crecimiento de las funciones y competencias de la federación y la resistencia de las entidades federativas. Dicho proceso devino en el fortalecimiento de un Estado que progresivamente olvidó su carácter liberal y federal, y vía la política de centralización, lograría imponer al Ejecutivo federal como árbitro supremo de los destinos nacionales hacia la última década del siglo XIX.

Las elecciones de 1871 le concedieron de nueva cuenta el triunfo a Juárez lo que animó a Porfirio Díaz a levantarse en armas con el Plan de la Noria. Mientras tanto, en Querétaro el enfrentamiento entre los partidarios de Cervantes y quienes se oponían a su gobierno se volvió a desatar con fuerza, el motivo: las elecciones locales para la renovación de los tres poderes. Unos comicios plagados de irregularidades le dieron a Cervantes el triunfo por segunda ocasión, pese a que el artículo 77 de la Constitución estatal de 1869 prohibía la reelección inmediata.

Tras la muerte de Juárez y el fin de la revuelta de La Noria, Sebastián Lerdo de Tejada fue investido como presidente constitucional de México en noviembre de 1872. El 20 de enero de 1873 el gobernador Cervantes, carente del apoyo del Ejecutivo federal, presentó su renuncia ante el Congreso del Estado.

A la política centralizadora de Juárez también le apostó Lerdo. Ésta se vio reflejada en el control del presidente sobre el Congreso, ya que al fundirse lerdistas y juaristas, el número de diputados afines al Ejecutivo superó con facilidad a la minoría porfirista independiente. Para cerrar con broche de oro, la reforma constitucional que permitía la vuelta al sistema bicameral fue aprobada en 1874; Lerdo de Tejada sabía que el Senado era necesario como contrapeso a la todopoderosa Cámara de diputados.

Como resultado de las consabidas elecciones populares y, por supuesto, gracias al visto bueno de Lerdo, Benito Santos Zenea había sucedido a Cervantes en el gobierno de Querétaro a partir del mes de mayo de 1873. Pero Zenea murió inesperadamente en septiembre de 1875, y a su sucesor, Francisco Villaseñor, le tocaría enfrentar la última y definitiva revuelta encabezada por Díaz en aras de alcanzar la Presidencia de la República.

Lerdo decidió presentarse a las elecciones presidenciales de julio de 1876. El Congreso se reunió el 1º de septiembre, pero no declaró el resultado de los comicios hasta el 26 de octubre. Ese lapso no hizo más que confirmar ante la opinión pública que Lerdo sería declarado reelecto para el periodo comprendido entre el 1º de diciembre de 1876 y el 30 de noviembre de 1880.

La oposición a la reelección de Lerdo y a la consecuente expansión del poder central, fue capitalizada por la facción porfirista mediante el movimiento que plasmó su ideario en el Plan de Tuxtepec del 1o de enero de 1876. El documento planteaba tres reivindicaciones fundamentales: no reelección del presidente de la República y gobernadores de los estados, reforma constitucional que garantizara la independencia de los municipios y la vuelta al Congreso unicameral.⁹

Mientras la revuelta de Tuxtepec sumaba adeptos, el último gran golpe asestado contra Lerdo fue dado por José María Iglesias, quien, en su carácter de presidente de la Suprema Corte de Justicia y tras la declaración del Congreso en favor de la reelección de Lerdo, la proclamó ilegal y se autonombró presidente interino. Al levantamiento de Iglesias se sumó el gobernador Francisco Villaseñor, lo mismo que el coronel Rafael Olvera, mandamás de la Sierra Gorda y destacado ex imperialista, quien se trasladó con todo su ejército a la ciudad de Querétaro.

Los esfuerzos de Lerdo por sofocar el levantamiento de Porfirio Díaz fueron en vano. Una vez triunfante la contienda armada Díaz entró a la capital de la República el 23 de noviembre de 1876 y se autonombró jefe del Poder Ejecutivo. Acto seguido, abandonó la Ciudad de México para ir tras Iglesias quien se había refugiado en Querétaro empeñado en no reconocer al Ejecutivo. A su arribo a la capital queretana, donde esperaba llegar a un acuerdo con Iglesias, Díaz recibió un comunicado de Rafael Olvera en el que le señalaba:

“Bajo la inteligencia de que el señor Iglesias obraba de acuerdo con Ud., reconociera [sic] dicho señor como Jefe Supremo de la Nación; pero habiendo salido de este error y no conviniendo a los pueblos de la Sierra, cuyo distrito tengo a mi mando, el que se prolongue la guerra civil porque ellos desean la paz a todo trance, lo mismo que toda la República, para contribuir a tan noble objeto en la parte que me corresponde me pongo a la disposición de Ud. con las fuerzas de mi mando, reconociendo por conciencia el Plan de Tuxtepec y el gobierno establecido en México conforme al mismo.”¹⁰

En respuesta, Díaz le solicitó mantener la seguridad en el distrito de Jalpan y de inmediato envió un telegrama al general Juan N. Méndez, presidente sustituto de la República, donde con satisfacción le comunicaba el sometimiento de Olvera con todas las fuerzas a su mando. Y añadía: “Tal sumisión es amplísima, sin reserva alguna, por lo que felicito a usted y al supremo Gobierno”.¹¹

Entre los primeros nombramientos que hizo Porfirio Díaz estuvo el del coronel auxiliar Antonio Gayón como gobernador y comandante militar de Querétaro. El último día del año de 1876, La Sombra de Arteaga reproducía el siguiente decreto:

Porfirio Díaz, general en jefe del ejército constitucionalista, hace saber a todos los habitantes del estado de Querétaro que como las autoridades han cesado en el ejercicio de sus funciones por no adherirse al plan de Tuxtepec, reformado en Palo Blanco y en atención a su art. 4º, nombra como gobernador interino y comandante del estado al general Antonio Gayón.¹²

Así las cosas, al celayense Antonio Gayón, quien a partir de entonces ostentó el rango de general, le correspondería sentar las bases del régimen tuxtepecano en la entidad. Destacado ex oficial del ejército de Maximiliano, Gayón había luchado en contra del bando liberal en el sitio a la ciudad, no obstante, posteriormente se había unido a las fuerzas porfiristas en sus dos pronunciamientos armados: el de la Noria y el de Tuxtepec. Satisfecho por la capitulación de Olvera y con la confianza depositada en Gayón, Porfirio Díaz abandonó el territorio queretano.

No todo mundo compartió la opinión del general Díaz en relación con lo conveniente que había resultado la sumisión de Olvera. En un comunicado fechado en Salamanca el 25 de enero de 1877 y suscrito por integrantes del 1º y 2º batallón de Sierra Gorda, estado de Querétaro, se solicitaba al general Díaz se sirviera decretar:

“…que aquel hombre (Olvera) no tenga en dicho Estado ningún mando civil ni militar, para poder volver a nuestras localidades y hacer valer nuestros derechos ante la autoridad competente, pidiendo el castigo que merece por los asesinatos y demás arbitrariedades cometidas”.¹³

En respuesta, Porfirio Díaz aseguraba que había dado instrucciones al gobernador Gayón, “para que ninguna fuerza quede al mando de Olvera, ni de ningún otro jefe de sus condiciones”.¹⁴

En realidad, Díaz no pretendía en lo absoluto desarmar a Olvera; lo necesitaba para garantizar el orden en la Sierra y la lealtad hacia su gobierno. Además le tranquilizaba el hecho de que siendo Gayón antiguo compañero de armas de Olvera, éste seguramente contaría con su colaboración.

Algunas voces se alzaron también contra la elección de Gayón. Tal fue el caso del reconocido político queretano Ezequiel Montes, quien no dudó en manifestar al presidente Díaz, con fecha 30 de enero de 1877, lo siguiente:

Por razones que no conozco, pero que sin duda son respetables, nombró usted gobernador y comandante general del Estado de Querétaro a don Antonio Gayón. Este funcionario público, olvidando el contenido del Plan de Tuxtepec reformado en Palo Blanco, ha cubierto casi todos los puestos públicos de reaccionarios de mala nota en su mayor parte; y despreciando la libertad del voto público, está haciendo los mayores esfuerzos para ser electo gobernador constitucional. Toda la conducta del señor Gayón es contraria a nuestros principios políticos […], usted no es ni será reaccionario; usted ha defendido siempre, defiende y defenderá el sufragio libre.

[…] El Estado de Querétaro ha sufrido una serie espantosa de males desde 1867 hasta 1875: comenzó a respirar desde que eligió gobernador a uno de sus hijos. ¿Será el general Díaz el que lo sumerja de nuevo en los males de la reacción y el despotismo? No lo temo.¹⁵

Pese a la certeza de Montes, mientras Porfirio Díaz se convertía en presidente constitucional tras las elecciones de 1877, Antonio Gayón triunfaba en los comicios locales y asumía las funciones de gobernador para el periodo de 1877-1881.

Ezequiel Montes no alcanzaba aún a percibir que tras la derrota de Sebastián Lerdo de Tejada y José María Iglesias, los gobiernos de los estados quedarían en manos de caciques y caudillos regionales, quienes en su momento se habían unido a las fuerzas tuxtepecanas. En Querétaro, un caudillo y antiguo partidario del Imperio, Antonio Gayón, había sido elegido por Díaz para hacerse cargo del estado, mientras Rafael Olvera, el cacique serrano, esperaba, impaciente, su turno.

Seguramente Montes tampoco imaginaba que como resultado de la política de conciliación de Porfirio Díaz y de su sucesor Manuel González, varios miembros del antiguo partido conservador serían incorporados a las filas del gobierno federal.

La implementación del programa de cuño liberal que garantizara la consolidación del Estado nacional tomaría varios años y no sería tarea fácil. Una vez alcanzado el triunfo y garantizada la paz, el gobierno federal tendría que someter la diversidad de la nación a la unidad del Estado. Lo anterior suponía reducir los numerosos proyectos locales a uno solo de carácter nacional, lo cual implicaba, necesariamente, el sometimiento de los caudillos regionales y la destrucción de poderosos cacicazgos contrarios al poder de la federación. Este devenir se caracterizaría por el enfrentamiento entre elites regionales y grupos dirigentes nacionales, entre dinámicas particulares de las diferentes regiones que lo conforman y los principios de unidad y dominación connaturales al Estado nacional.

El enfrentamiento quedó resuelto a partir del segundo periodo de gobierno del general Díaz (1884-1888), cuando rindió frutos la política implementada por el Ejecutivo federal, conformada fundamentalmente por dos etapas. La primera, de conciliación, que trajo por consecuencia la incorporación al ejército federal y a las filas de la burocracia a numerosos caudillos y caciques regionales; la segunda, de centralización que culminó en la supremacía del poder federal, con un Ejecutivo fuerte a la cabeza, y la aniquilación de cualquier proyecto de cuño localista.

Este proceso llegará a su fin gracias a las acciones emprendidas por Díaz para terminar con el conflicto federación-estados, integrando un cuadro de gobernadores, preferentemente civiles, aliados al centro. En Querétaro, el ascenso del Ingeniero Francisco González de Cosío, en 1887, selló con broche de oro el fin de la supremacía de caciques y caudillos y garantizó el triunfo en el estado del proyecto porfirista.

Fuentes y Bibliografía consultadas

Archivos

CPD: Colección Porfirio Díaz, Universidad Iberoamericana, Santa Fe.

IIH-UAT: Instituto de Investigaciones Histórica, Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Hemerografía

LSA: La Sombra de Arteaga, Periódico Oficial del Gobierno, Querétaro, Qro.

Bibliografía

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