3718 / Ms. 1256 / 1881-08-28 [Ver ficha completa][Ver documento]
De: MONTES LEDESMA, Ezequiel  Para: TORRES TORIJA, Eduardo
Recibió un escrito adjunto [no aparece en el texto] en el que Justo Martínez, pariente de Santiago Martínez, pide la protección de la justicia federal en favor del mencionado Santiago y de Ildefonso Estrella, que fueron aprehendidos por Cenobio Alarcón al salir del Juzgado de 1ª instancia de Huichapan después de ratificar sus declaraciones que como testigos rindieron en el Juzgado 1º de distrito. El promotor [Arturo Martínez Cáceres] expresó que tanto Martínez como Estrella fueron conducidos a Ometusco. Estos ciudadanos sin haber cometido ningún delito, sin citación, audiencia ni defensa fueron privados de su libertad, arrancados de sus domicilios, privados de su trabajo y forzados a residir tal vez en las costas mortíferas del Golfo de México. Corresponde a la justicia federal librarlos de esas vejaciones.

3739 / Ms. 1256 / 1881-09-03 [Ver ficha completa][Ver documento]
De: MONTES LEDESMA, Ezequiel  Para: TORRES TORIJA, Eduardo
Transmitió a la Secretaría de Guerra el oficio al que se refiere su carta del 31 de agosto. Le fue grato el informe sobre la conducta del promotor fiscal [Arturo Martínez Cáceres]. Reitera que Silviano Martínez reside en México, por ello no entiende por qué no manda aprehenderlo y conducirlo a Pachuca. Aunque parezca inoportuno, pone por tercera vez bajo la protección del juzgado a Santiago Martínez y a Ildefonso Estrella, víctimas de las arbitrariedades de [Cenobio] Alarcón, de Valdés y de [Simón] Cravioto.[Todo ello relacionado con el juicio de los monederos falsos].

3873 / Ms. 1256 / 1881-09-30 [Ver ficha completa][Ver documento]
De: MONTES LEDESMA, Ezequiel  Para: TORRES TORIJA, Eduardo
Leyó con sorpresa su carta, en la cual participa que fue recusado después de elevar a plenario el proceso de los monederos falsos y después de hacerles los cargos correspondientes. Aconseja ser indulgente con el infeliz alcalde de la cárcel de Huichapan. El gobernador [Simón] Cravioto engaña a la justicia federal, pues [Cenobio] Alarcón, apéndice de [Francisco] Limón, está en Huichapan. Los jueces federales deben convencerse de que el gobierno nacional se compone de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, que el más importante es el Judicial porque "tiene a su cargo la interpretación y la guarda efectiva de la ley fundamental y porque del ejercicio inteligente y justificado de sus funciones, depende la seguridad de los habitantes del territorio mexicano". Torres Torija debe procurar que Alarcón reciba su merecido; si los gobernadores de Hidalgo resultan implicados en sus fechorías, lo participará de oficio para ponerlos a disposición del gran jurado nacional. Celebra que haya puesto en seguridad a [Silviano] Gómez; sugiere cuidar que éste y Limón no se fuguen, especialmente el primero, porque la prueba del homicidio alevoso del comandante [Merced] Chávez, durante un armisticio, es plenísima.

4043 / Ms. 1257 / 1881-11-08 [Ver ficha completa][Ver documento]
De: MONTES LEDESMA, Ezequiel  Para: GONZÁLEZ, Manuel
En calidad de ministro de Justicia, informa los pormenores del caso de amonedación falsa en el distrito de Huichapan, así como los antecedentes criminales de Silviano Gómez, jefe de los monederos, y de su cómplice Francisco Limón, jefe político de aquel distrito. Al comenzar el proceso, parecía que el gobierno del estado [de Hidalgo, a la cabeza de Simón Cravioto] estaba inclinado a que la justicia desempeñara libremente sus funciones, ahora dispensa protección a los presuntos reos permitiéndoles andar en libertad en Pachuca y recomienda su causa a la justicia federal para que queden absueltos. Sospecha que el gobernador lo calumnia ante el presidente, pintándolo como apasionado en contra de los procesados. Informa, entre otros detalles, que los testigos Santiago Martínez e Ildefonso Estrella, después de declarar fueron conducidos al cuartel de la fuerza de seguridad pública del estado, por el jefe de la misma, Cenobio Alarcón. Éste golpeó a Martínez y llevó a ambos a la hacienda del Astillero, después fueron conducidos de Pachuca a Veracruz y de ahí a Yucatán. Sobre los antecedentes de Gómez, platero y coronel del Ejército permanente, en abril de 1867 dio muerte con alevosía a un oficial de rancho en el Sitio de Querétaro; en julio de 1868, mató a Mariano Jiménez; en enero de 1879 dio muerte al capitán Rafael Escalona en Huichapan; en 1876, siendo jefe político de ese distrito, mandó fusilar a un muchacho conocido como "el Loco", y en noviembre del mismo año, mató al comandante Merced Chávez, cuando estaba en estado de parlamento con el Gral. Joaquín Martínez, jefe de brigada que intimó a rendición a la plaza de Huichapan. Todos estos crímenes alevosos quedaron impunes. En 1879 y 1880, fabricaban moneda falsa en Huichapan y Zimapán; en 1880, se establecieron en Tecozautla. El coronel Mónico Valdés fue comisionado para averiguar la verdad de este asunto y aprehendió un volante y otros instrumentos; declaró lo descubierto ante el juez de distrito del estado de Hidalgo: los responsables eran, entre otros, el alcalde municipal de Tecozautla, Ausencio Segovia, Gumersindo Corchado y Silviano Gómez. En la sumaria correspondiente resultó que el jefe político de Huichapan, Francisco Limón, conocía la existencia de la fábrica y es procesado por el juez federal. En el curso del proceso, Limón fue acusado de mandar aplicar la pena de muerte a varias personas sin formarles juicio. Ha sido jefe político en dos distritos de Puebla, en tres del Estado de México y en dos del de Hidalgo; en los distritos de Texcoco, Tenancingo y Huichapan mandó fusilar a varias personas sin formación de causa. El juez propietario dejó de conocer de la causa por haber sido recusado y el conocimiento de la misma pasó al juez 2º suplente, Emilio Islas, con el cual el secretario de Justicia no tiene correspondencia y por consiguiente aquél ejerce su jurisdicción con absoluta independencia. Con el juez propietario [Eduardo Torres Torija] sí tiene correspondencia, pero respetando la independencia del Poder Judicial. Nunca ha dado instrucciones al promotor fiscal del Juzgado de distrito de Hidalgo [Arturo Martínez Cáceres] para suscitar dificultades al gobierno local. Por consiguiente, toda denuncia en contra de su conducta es calumniosa. Espera que el presidente, en vista de este informe, le hará la justicia que merece y que cree tener.